Construcción: un año más sin obra pública
La licitación pública ha caído un 18% y los Presupuestos 2014 no auguran nada mejor.
La comparación entre la licitación pública que se ha producido en el período anual de agosto de 2011 a julio de 2012, y el comprendido entre agosto de 2012 a julio de 2013 arroja una variación negativa abultada del -18%, destacando la caída del -30,9% de la administración del Estado y la muy llamativa del -44,7% del ministerio de Fomento. Solo destaca por la parte positiva, la subida en el período de la licitación responsabilidad del ministerio de Medio Ambiente debido al cumplimiento en el sector de agua de parte de lo presupuestado para el año y, en menor medida, un pequeño repunte de la licitación responsabilidad de los entes locales, pero que en el conjunto es poco significativa.
Los indicadores tradicionales que adelantan la actividad siguen hundidos en cotas inimaginables hace mucho tiempo. Por ejemplo, el consumo nacional de cemento volvió a caer en agosto un -23%, lo que confirma la pérdida de casi la cuarta parte de lo que se consumía el mes anterior, porcentaje similar al que muestra la caída interanual de este indicador. Traducido a términos absolutos, esa caída significa que el sector ha dejado de producir más de 2 millones de toneladas de cemento, un tercio del total producido al comienzo del período. Este sector tiene actualmente enormes dificultades de supervivencia, puesto que al desplome de su producción y ventas se unen los costes añadidos que para el sector representará la reforma eléctrica, que OFICEMEN evalúa en un incremento de costes del 37%.
Materiales perdidos
Otro ejemplo del destrozo a menudo irreversible del tejido empresarial que está causando la desaparición de facto de la obra pública se manifiesta en la industria de materiales de construcción. Según su patronal CEPCO si en 2007 la producción de cerámica para construcción alcanzó casi 29 millones de toneladas, en 2012 solo alcanzó los 5,2 millones de toneladas, es decir, señala una caída en el entorno del -80% respecto a 2007 y del -25% respecto a 2011. Otro indicador significativo que señala esta patronal es el desplome del consumo de áridos, que desciende de manera continuada desde hace seis años en el entorno del -25% interanual, de modo que habiendo sido este sector, antes de la crisis, el segundo en importancia a nivel europeo, hoy está décimo tercero y cayendo.
Lo que ya se conoce de las intenciones del Gobierno para los presupuestos del próximo año anuncia con claridad una nueva rebaja de los ya magras disponibilidades de inversión en obra pública contenidas en los de este año. Los empresarios del sector no es que tengan los pelos como escarpias, es que ya ni rechistan. Hay que recordar que la gran pagana de la contención de gasto público ha sido y sigue siendo la inversión en infraestructuras, que desde el inicio de la crisis ha soportado holgadamente la mitad (55%) del recorte total y por ello ha perdido hasta el 65% del empleo que mantenía en 2007.
A ello se suma que a pesar de las campanillas con las que se lanzó a principio de esta legislatura por parte de Fomento un plan de inversión pública con financiación privada y público-privada, y de los anuncios del propósito de ese ministerio de reactivar la inversión para el cada vez más necesario mantenimiento de la red estatal de carreteras, no se ha producido ningún signo fehaciente de que ello vaya a impulsar avances positivos sobre el desastroso panorama general de inversión en infraestructuras. Los daños directos para el sector están siendo prácticamente irreversibles a corto y medio plazo, de los que los más importantes son la destrucción de empleo y la progresiva e intensa desaparición de empresas. Pero también están provocando un aluvión de daños colaterales, entre los que destaca las crecientes dificultades de las empresas para mantener la clasificación requerida para optar al mercado de obra pública.
Reglamento de contratos
El Reglamento de la Ley de Contratos establece que uno de los elementos determinantes de la clasificación de contratistas es la experiencia constructiva, concretada en la ejecución de obras similares en el mejor de los últimos cinco años. Pero la drástica disminución de inversión pública en los últimos ejercicios está propiciando que los mejores años de ese quinquenio no computen, con lo que la clasificación para el próximo ejercicio depende de la obra ejecutada a partir de 2009, año en el que ya se manifestó una fuerte caída del volumen de trabajo. Por tanto para la tramitación de los expedientes de clasificación que se presenten a partir del día 2 de enero de 2014, se exigirá la incorporación de la experiencia de la empresa durante 2013, y el año 2008 ya no podrá tomarse en consideración.
Por ello las empresas que necesiten que se tengan en cuenta trabajos realizados en 2008 deberán presentar sus solicitudes antes del día 30 de diciembre de este año. Y aunque esta renovación de la clasificación no es aplicable en el caso de las empresas que opten por una "declaración responsable de solvencia técnica" de los tres últimos años, su tramitación se está demorando algo más de un año, y por tanto los criterios y elementos de valoración de la experiencia serán los que correspondan al momento en que ésta se produzca. Siendo los medios humanos y materiales, por el momento, los que más peso tienen a la hora de decidir sobre el mantenimiento de la clasificación, son evidentes las dificultades para obtener la clasificación o renovarla, con que pueden encontrarse empresas que históricamente se han dedicado a la obra pública.
Fuente: capitalmadrid.com